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Ediles del PP de Tenerife compraban artículos de lujo con fondos municipales

(El País, 27/07/2010)

El informe del interventor revela una presunta financiación ilegal del partido
PEDRO H. MURILLO - Santa Cruz de Tenerife

Un informe del Área de Intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a la luz una presunta trama de financiación ilegal del Partido
Popular en la capital tinerfeña. El documento revela que, en el anterior mandato (2003-2007), los cinco concejales populares, quienes gobernaban la
localidad junto a Coalición Canaria, presentaron facturas personales para justificar los 163.987 euros recibidos como asignación al grupo municipal.

Los socialistas piden que intervenga la Fiscalía Anticorrupción

Según el PSC, "hay un presunto delito de falsificación clarísimo"

Los ediles dieron facturas personales para acreditar los 163.987 euros

El líder del PP de Canarias tacha la justificación de gastos de "error"

La lista de gastos, la mayor parte de ellos consistentes en la compra de artículos de lujo e incluso alojamientos con circuitos de spa, ha desencadenado un
escándalo en la sociedad tinerfeña y ha reforzado la división en el partido a menos de un año de las elecciones.

El documento de Intervención ha sido tan demoledor que la formación conservadora no le ha quedado otro remedio que admitir la existencia de las facturas. El
secretario general de los populares tinerfeños, Manuel Fernández, en declaraciones a la cadena SER reconoció que se aportaron facturas personales y que
"cada uno se metió la mano en el bolsillo y las aportó para cubrir ese dinero".

En la misma línea, el presidente del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, calificó de "error" la justificación de los gastos del grupo popular en
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya que los recursos institucionales que se reciben deben destinarse a gastos relacionados con la actividad
política y "si no se destinan a esos fines es un error y hay que corregirlo".

Cristina Tavío, presidenta del PP de Tenerife y vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias -fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz durante el
mandato 2003-2007-, ha criticado la repercusión mediática del caso y aseguró que la presentación de las facturas se produjo porque la ley no permitía que
los partidos recibieran directamente las asignaciones destinadas a los grupos municipales por lo que los concejales aportaban facturas personales.

En este sentido, Tavío criticó el escándalo suscitado tras conocerse la lista de gastos personales con cargo a las arcas públicas y sentenció que no se
trata de ningún "Bill Gates", en referencia al célebre caso Watergate.

Tras conocerse el informe de Intervención, algunos ex concejales en el Ayuntamiento tinerfeño han confirmado la utilización de facturas personales por parte
del Partido Popular para justificar gastos. Este es el caso de Odalys Padrón, quien fue edil por el Partido Nacionalista Canario (PNC) durante el mandato
2003-2004. "Puedo confirmar todo lo que se ha dicho de este caso, porque en un pleno del Ayuntamiento celebrado a finales del año 2006 para analizar las
cuentas municipales pude oír cómo la concejal del Partido Popular Cristina Tavío dijo que uno de los puntos no se podía tratar porque tenía facturas de
bragas, y que solo se debatiría por los portavoces de cada uno de los partidos", indicó Padrón.

Ante la magnitud del escándalo, la asociación Justicia y Sociedad presentará en los próximos días una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al existir
indicios de la comisión de presuntos delitos de financiación ilegal y falsedad documental.

El abogado de la citada asociación, José Pérez Ventura, declaró a este periódico que el intento de "tapar" el gasto de la asignación del Partido Popular con
facturas personales constituye "un fraude en toda regla porque mediante esta actuación se ha intentado justificar la financiación del partido y ellos mismos
lo han reconocido públicamente".

Por otra parte, mientras el grupo de gobierno municipal comandado por el alcalde, de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, ha declinado pronunciarse sobre el
escándalo de las facturas, desde el PSC-PSOE se insta a que se diriman responsabilidades políticas en el seno del Partido Popular.

El secretario general de los socialistas en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, definió la situación en el Ayuntamiento capitalino como
"calamitosa" debido a la "falta de transparencia en la hacienda municipal" y aseveró que se trata de un "escándalo épico y estético ya que no tiene sentido
usar asignaciones económicas de carácter público para comprarse bragas o para irse a un hotel".

En este punto, el PSC-PSOE confía en que la Fiscalía Anticorrupción abra una investigación para clarificar si el grupo municipal del Partido Popular se ha
financiado de forma ilegal y si se ha incurrido en un delito de falsedad documental.

Para José Manuel Corrales, el caso está claro después de que los propios dirigentes del PP hayan reconocido que presentaron facturas personales para
justificar los gastos del grupo. "No se puede utilizar este tipo de mecanismos para financiar un partido político y creo que tras las declaraciones
realizadas por el Partido Popular hay un presunto delito de falsificación clarísimo", señaló el líder de los socialistas tinerfeños.

El Frob deberá aportar 550 millones para reflotar la intervenida CajaSur

(eleconomista.es, 24/05/2010)

Madrid, 22 May (EFE).- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deberá aportar 550 millones de euros para que CajaSur, intervenida por el Banco de España, recupere sus requisitos de solvencia y liquidez, después de que la entidad controlada por la Iglesia Católica rechazara su fusión con Unicaja.

La truncada operación hubiera dado lugar a la sexta Caja de Ahorros por volumen de activos y culminado la fusión "a tres" entre Unicaja, Caja Jaén, y CajaSur, después de que las dos primeras acordaran ya su unión, el pasado 13 de agosto de 2009.

Pero la madrugada del viernes al sábado, y después del rechazo de CajaSur a la fusión con Unicaja, el Banco de España decidió intervenir y sustituir a los responsables de la entidad cordobesa, a su presidente y sacerdote, Santiago Gómez Sierra, y a todos sus consejeros, entre los figuraban otros cinco religiosos.

A principios de año, y con pérdidas cercanas a los 600 millones de euros en 2009, los recursos propios de CajaSur se elevaban a 444 millones de euros, muy distantes de los 967 millones que le exige la ley, y su "ratio" de solvencia se reducía desde el 8 por ciento exigido, al 3,6, mientras que la morosidad rozaba el 8,5 por ciento, casi el doble de la media de cajas.

El Banco de España, en cumplimiento de los plazos previstos, ha nombrado responsables de la entidad cordobesa a tres técnicos experimentados.

Se trata de José Antonio Iturriaga, inspector de la entidad emisora entre 1984 y 1989, y ex-presidente del Instituto de Auditores Internos del Banco Zaragozano, junto a Tomás González Peña y Francisco Orenes Bo, profesionales del sector bancario que han ejercido, anteriormente, en puestos directivos del Banco Santander y Banco de Murcia, respectivamente.

Estos tres gestores nombrados por el Banco de España, y de acuerdo con la normativa, tienen un mes de plazo para presentar un plan de viabilidad para CajaSur que deberá definir su fusión con otra entidad o el traspaso total o parcial de su negocio.

Desde el propio Banco de España y el ministerio de Economía se ha pedido tranquilidad a los clientes que tendrán garantizados sus depósitos, mientras que el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, justificaba la negativa a la fusión con Unicaja asegurando que la Iglesia "ha estado dispuesta a perderlo todo con tal de salvar los puestos de trabajo de CajaSur".

Otras voces, como la del consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, y representantes de las instituciones públicas en el consejo de CajaSur, han considerado "difíciles de entender" las razones para rechazar la unión con Unicaja, y han exigido responsabilidades a los ya ex-directivos de la entidad que votaron 11 a favor de acogerse al FROB y rechazar la fusión, por 8 en contra y una abstención.

Dentro del sector de las Cajas de Ahorros, Unicaja, en línea con lo manifestado por dirigentes del PSOE, se manifestó "abierta" a cualquier solución constructiva para recuperar el proyecto de fusión.

CajaGranada, otra de las entidades que se barajan en el proceso de fusiones de cajas, ha ofrecido su colaboración para paliar los efectos de la intervención, "con absoluta lealtad al sistema financiero andaluz", y CajaMurcia, otra posible alianza con CajaSur ha manifestado que "al igual que otras entidades crediticias, está en conversaciones con otras cajas para posibles alianzas", pero ha subrayado que no mantiene contactos con la caja cordobesa.

Desde la patronal de Cajas, la CECA, se ha recordado que la situación de CajaSur era "especial" y "exclusiva" y que se encontraba en proceso de saneamiento del Fondo de Garantía de Depósitos.

Otras voces, de más sesgo político, como la de Rajoy urgían hoy al Gobierno a reformar el sistema financiero para evitar nuevas intervenciones, o la del presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, que opinaba que los dirigentes del PSOE "se están cargando el sector financiero de Andalucía", y la del presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, que culpaba a la Iglesia de la intervención de CajaSur.

También han expresado su opinión la patronal bancaria, AEB, que ha renovado su "voto de confianza" al Banco de España por esta decisión y el sindicato mayoritario de CajaSur, Aspromonte, que ha rechazado cualquier culpabilidad en la intervención, entre otros.

La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros ha acusado a Unicaja de no haber tenido "demasiada responsabilidad en el proceso de fusión", mientras que CCOO confía en una absorción por parte de Unicaja.

CajaSur, denominada en un principio Monte de Piedad de Córdoba y Monte de Piedad del Señor Medina en su fundación, en 1864, fue considerada como institución benéfico social de carácter particular y posteriormente acogida a la figura de Caja de Ahorros, fundada por el Cabildo Eclesiástico.

Se trata de la segunda Caja de Ahorros intervenida por el Banco de España, después de que en marzo de 2009, Caja Castilla La Mancha fuera intervenida por sus desequilibrios patrimoniales y más tarde iniciara un proceso de integración en el grupo Cajastur.

Miembros del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a dos hombres de origen irlandés poco después de que falleciera este vecino de Arico. Miembros de la Brigada de Policía Judicial continúan con la investigación para tratar de esclarecer los hechos ocurridos en Las Terrazas, en la zona de Las Américas.

PEDRO FUMERO, Tenerife

Miembros del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a dos jóvenes, de nacionalidad irlandesa, en relación con la muerte de un joven de 25 años de edad, vecino del municipio de Arico, durante la mañana de ayer en Playa de las Américas, en el municipio de Adeje.

Al parecer, el trágico suceso se produjo durante una reyerta ocurrida en la zona de Las Terrazas, en las proximidades del hotel Tropical Playa, a un centenar de metros de la Comisaría de la Policía Nacional. La víctima, Abraham Báez Rodríguez, sufrió importantes lesiones en la cabeza que supuestamente le provocaron el fallecimiento. La joven que estaba con él sufrió una grave crisis de ansiedad que obligó a su ingreso en un hospital.

Eran las 6:00 horas cuando agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana recibieron un aviso de que había un hombre tendido en la calle. Al llegar, los funcionarios comprobaron el hecho y reclamaron la presencia de personal sanitario, pues la víctima sangraba abundantemente por la cabeza.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales de una ambulancia medicalizada y de otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tal y como informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno canario. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por el médico y los técnicos, estos no pudieron hacer nada por salvar la vida a Abraham.

Ante los evidentes signos de que se trató de una muerte violenta, la investigación fue asumida por especialistas de la Brigada de Policía Judicial del Sur de Tenerife.

Tras realizar una inspección ocular del enclave donde ocurrió el incidente, varios agentes tomaron declaración a testigos que se hallaban por la zona a esa hora.

En un primer momento, los policías arrestaron a los dos ciudadanos irlandeses y los trasladaron a dependencias de la Comisaría para que prestaran declaración. En cualquier caso, los arrestados quedaron en los calabozos del citado edificio, situado en la avenida de Los Pueblos.

Supuestamente, el fallecido trabajaba en la empresa Fred Olsen y residía en una zona residencial de nueva creación en El Porís.

El alcalde de Arico, Eladio Morales, se enteró del suceso en la Subdelegación del Gobierno, donde asistía a una reunión de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) con la delegada del Gobierno, Carolina Darias.

Morales transmitió su sentido pésame a la familia de la víctima, a la vez que solicitó a la Policía y a la Administración de Justicia "que actúen".

Lamentó que en estos sucesos "la familia queda destrozada en un instante". Además, el regidor señaló que se interesarán por el caso y mostrarán apoyo a los familiares.

Consideración

Fuentes de la empresa Fred Olsen explicaron que Abraham era un "excelente trabajador", que estaba muy bien considerado y que prestó servicios en diferentes líneas, como las conexiones a La Gomera, La Palma y Las Palmas.

El joven fallecido ejercía como auxiliar de cabina y en breve estaba previsto que ascendiera. Una portavoz de la naviera señaló que "estamos conmocionados" por la triste noticia.

La Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía entregó ayer las primeras diligencias al titular del Juzgado de Instrucción número 5 del partido de Arona.

Un total de 186 vuelos se han visto afectados en el aeropuerto del Sur

(Diario de Avisos, 16/04/2010)

AGENCIAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un total de 186 vuelos se han visto afectados en el aeropuerto Reina Sofía y 20.000 turistas han tenido que ser atendidos por el protocolo activado por
Turismo de Tenerife para atender las incidencias provocadas por las cenizas del volcán de Islandia.

El protocolo, que coordina Turismo de Tenerife, junto a Ashotel, Aena y APAV (Asociación Provincial de Agencias de Viajes, atiende a los pasajeros y les
proporciona alojamiento e información en situciones de emergencia como las de hoy.

El vicepresidente primero del Cabildo y consejero insular de Turismo, José Manuel Bermúdez, informó de que este protocolo "se mantendrá operativo mientras
continúen las cancelaciones de vuelos causadas por este fenómeno natural, máxime si se tiene en cuenta que mañana es viernes, día de mayor actividad en los
aeropuertos de la isla".

La entidad ha trasladado a Ashotel la solicitud oportuna para que, entre sus establecimientos asociados, puedan ofrecer a los afectados la posibilidad de
alojarse en ellos a precios especiales.

Turismo de Tenerife ha desplegado además un dispositivo que incluye la presencia de informadores en el aeropuerto del Sur (desde donde tenían origen y
destino los vuelos cancelados), el envío de información a los medios de comunicación, así como la puesta a disposición de los pasajeros de transporte
gratuito en caso de que lo necesiten para trasladarse de regreso a los hoteles.

Asimismo, se ha puesto a disposición de todos los afectados el teléfono del Call Centre gratuito de Turismo de Tenerife, el 00800 100 101 00, en los
idiomas inglés, alemán, francés y español, donde podrán obtener información detallada. Igualmente, Aena ha activado el 902 404 704 y el +34 91 321 10 00,
donde se podrá obtener información acerca de los vuelos cancelados y al que pueden dirigirse los pasajeros que tengan previsto volar en las próximas horas.
Por último, Turismo de Tenerife ha enviado un comunicado con todos los detalles del protocolo de atención puesto en marcha al sector turístico de la isla.

( La Opinión de Tenerife, 02/04/2010)

S.R. BOROBIA

LA LAGUNA
Las compañías aéreas Spanair y Air Europa comenzaron ayer a aplicar descuentos en la facturación de la segunda maleta a los residentes en Canarias y a los
de las Islas Baleares.

A pesar de esta medida, ya anunciada, el cobro por facturar la segunda maleta disgustó a los pasajeros consultados ayer por La Opinión de Tenerife justo
antes de embarcar en el aeropuerto de Los Rodeos, en el norte de Tenerife. Asimismo, ninguna de estas personas conocía las nuevas medidas.

Marta, una mujer catalana que viajaba ayer con sus dos hijos y su marido a Barcelona con la compañía Spanair, afirmó que "cualquier mejora de las
condiciones me hace ilusión, pero no ahora, en plena crisis económica".

Tampoco le pareció bien que los descuentos se aplicaran sólo a las personas residentes en Canarias y Baleares. De paso, se quejó de los precios que
Spanair le cobró por los billetes para venir a Tenerife: "Doscientos euros por billete, sólo la ida", dijo.

Una pareja de extremeños, que también viajaba ayer con Spanair, aseguró que "lo mejor sería que los descuentos se hicieran para todos, y más en estos
momentos de crisis".

Manuel Ferrera, tinerfeño, consideró "un robo" cobrar un sólo euro por facturar más de una maleta. Aunque las nuevas medidas le favorecen por ser canario,
señaló que "lo único que hacen es aprovecharse del sistema, de que no tenemos otra posibilidad que coger aviones para salir de las Islas". Este pasajero
volaba ayer con Air Europa a Sevilla.

En el mismo vuelo iba a embarcar una sevillana, residente en Canarias. Teresa Gandul debía facturar más de dos maletas "porque llevo las de mi marido y mi
yerno, que vuelan a Sevilla desde otro lugar". Para ella, "lo mejor sería que no cobraran nada. Estamos en crisis y desde Canarias no podemos ir en coche
a la Península".

Para José Castañeda, que también volaba ayer a Sevilla con Air Europa y es residente canario, el cobro de la segunda maleta, con descuentos y todo, "es
una medida desafortunada". Además, opinió "que todo el mundo debería tener el mismo derecho a los descuentos, y no sólo algunos".

Al igual que otros pasajeros, aprovechó para quejarse de los precios de los billetes. "He pagado 270 euros por mi billete y el de mi hijo, de ida y vuelta
a Sevilla", dijo.

Técnicos de Hacienda estiman que la economía sumergida ya supone el 35,7% del PIB tinerfeño, 15 puntos por encima de Las Palmas y 12 de la media nacional

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La crisis y las dificultades económicas han propiciado un aumento de la evasión fiscal, lo que provocó que se disparase en 2009 la tasa de economía sumergida en la provincia tinerfeña hasta suponer el 35,7% de su Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone que alrededor de 6.894 millones de euros anuales escapan al control del Fisco, según el desglose provincial del último Informe de Economía Sumergida 2000-2009, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

Estos 6.894 millones de euros anuales equivaldrían a decir que cada tinerfeño oculta a Hacienda rentas por valor de 6.807 euros de media al año, según cálculos de los técnicos.

La tasa de economía sumergida en la provincia tinerfeña es mucho más alta que la registrada en la de Las Palmas de Gran Canaria, donde en 2009 supuso el 20,1% de su PIB. Esto supone que alrededor de 4.502 millones de euros anuales escapan al control del Fisco, lo que equivaldría a decir que cada habitante de esta provincia oculta a Hacienda rentas por valor de 4.187 euros de media al año. La tasa tinerfeña es también mucho más alta que la de la media nacional, del 23,3% en 2009.

Desplome de la recaudación

El informe pone de relieve como la crisis motivó un importante crecimiento del fraude fiscal en los tres últimos años, lo que unido a la caída de la actividad económica provocó un desplome de la recaudación tributaria en la provincia tinerfeña del 34,1%, situándose en 611 millones de euros en 2009. Las partidas más perjudicadas por la crisis y el fraude fueron, precisamente, el Impuesto de Sociedades y el IRPF, que cayeron un 132,6% (en volumen, 11 millones de euros menos) y un 45,78% (en volumen, 96 millones menos), respectivamente, entre los años 2007 y 2009.

De esta forma, la bolsa de dinero negro aumentó en un 19,9% en la provincia en el ultimo decenio, lo que explica que "aunque la economía creció a niveles históricos gracias al "boom" inmobiliario, la recaudación lo hiciera a un ritmo mucho menor debido a la evasión fiscal en el sector constructor y promotor, donde las operaciones especulativas de compra-venta inmobiliarias encontraron su caldo de cultivo", señalaron los técnicos.

Mientras, en la provincia de Las Palmas la bolsa de dinero negro aumentó en un 2,6% en el ultimo decenio, un porcentaje mucho más bajo.
Según las estimaciones de los técnicos de Hacienda, la aplicación de un plan antifraude eficaz que redujera en diez puntos porcentuales la tasa de economía sumergida y la situara en los niveles de los vecinos europeos, generaría un aumento de recaudación de 708 millones de euros anuales en la provincia tinerfeña, lo que supondría un ahorro medio de impuestos de 699 euros por habitante, si todos contribuyeran al Fisco. Mientras, en la provincia de Las Palmas se generaría un aumento de recaudación de 821 millones de euros anuales, lo que supondría un ahorro medio de impuestos de 764 euros por habitante.

En relación con el conjunto de España, Canarias fue la segunda comunidad con mayor tasa de dinero negro en 2009, al registrar una tasa del 28,7%; sólo por detrás de La Rioja, con un 31,4%. El Archipiélago registró en 2009 un desplome de la recaudación tributaria del 16,9% y las partidas más perjudicadas por la crisis y el fraude fueron el IRPF y el Impuesto de Sociedades que cayeron un 13,8% (hasta los 1.287 millones) y un 34,5% (hasta los 201 millones), respectivamente.

Desde el 2000, la economía sumergida ha crecido en más de 1.531 millones en el Archipiélago, según datos del informe, lo que supone un aumento del 13,2% entre 2000 y 2009.

Una gotera en la central de Las Caletillas deja a Tenerife sin luz

(Diario de Avisos, 19/02/2010)

El viento se llevó las placas del techo, el agua se coló y llegó a uno de los grupos electrógenos, que se apagó "por seguridad" y provocó la desconexión en cadena

E. Hernández / R. Herrera
Santa Cruz de Tenerife

Una simple gotera, como la que muchos vecinos de la Isla han sufrido en sus viviendas durante este último mes, provocó ayer que unos 900.000 ciudadanos (los 467.464 clientes de Unelco Endesa y sus familias) perdieran durante horas el suministro eléctrico. El director de Unelco-Endesa en Tenerife, José Manuel de la Cruz, explicó anoche en rueda de prensa que los fuertes vientos que azotaron Las Caletillas la noche del miércoles se llevaron las placas impermeabilizadoras situadas en la techumbre de la central energética. Ayer al mediodía, "el equipo de trabajo en altura" de la compañía subió a reparar las placas pero, según explicó De la Cruz, se les ordenó que bajaran dada la intensidad de las rachas de viento, para evitar males mayores. Por ello la techumbre de la central quedó desprotegida y el agua que cayó en la zona (en una intensidad menor que la de pasados días) "se filtró" hasta llegar a un grupo electrógeno. Fue entonces cuando un interruptor desconectó automáticamente el sistema "por seguridad", provocando una desconexión en cadena, primero de la central de Las Caletillas y luego del resto del sistema, incluyendo la central de Granadilla. Eran las 12.00 horas.

Esta vez la jerga técnica está más cerca del argot de la calle, y muchos ciudadanos, mediante sms y llamadas telefónicas a los medios de comunicación y, tras conocer que se había producido lo que se conoce como un "cero" en el sistema eléctrico de Unelco pero no el motivo, coincidieron en darle esa misma nota a la compañía eléctrica. Unelco aseguró que a las 19.00 horas un 83% del suministro eléctrico estaba restituído. Finalmente fue el responsable de la compañía en la provincia quien aclaró que el baremo que utilizan para hallar el porcentaje referido es la energía que pasa por las líneas de media tensión, y que no cuentan con las averías que hay de esas líneas hasta las viviendas de los clientes, lo que explica que los datos de Unelco no coincidieran con la percepción general. Se trata, eso sí, del segundo apagón generalizado en la isla de Tenerife en menos de un año, el anterior por la caída de un rayo en una de las líneas de suministro.

De La Cruz negó que el fallo se debiera a la antigüedad de la central, ya que considera que el "moderno" sistema de seguridad impidió que se produjera un problema mayor. Reconoció que algunas de las placas "también se las llevó el temporal Delta", pero se excusó con que la sujeción de la impermeabilización cumple con la normativa. Además, admitió que "algunos de los grupos electrógenos" están obsoletos y que la intención de la compañía es sustituirlos por "un ciclo combinado" ubicado también en Granadilla, lo que le permitiría conservar la central si lo hace antes de 2015, cuando se cumplen las 20.000 horas de plazo que le ha dado el Gobierno español. De ser así, sería muy complicado llevar a cabo el compromiso de cerrar la planta de Candelaria, alcanzado en 2008 entre el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento de la Villa Mariana. De la Cruz dijo ayer que "mentiría" si sentenciara que, de venir otro temporal, Unelco estaría preparado para asegurar que no volvería a haber otro cero energético.

La rueda de prensa de ayer se celebró en el Salón Noble del Cabildo pero, eso sí, Protocolo de la corporación insular dejó claro que una cosa era la comparecencia del presidente, Ricardo Melchior, y otra, una vez ésta terminada, la explicación del responsable de Unelco. Melchior sí dijo compartir el sentir de los tinerfeños y recordó que el Cabildo está dispuesto a contribuir a soterrar líneas eléctricas (ayer el viento dañó una en Las Caletillas) aunque De la Cruz informó de que "por el momento" Unelco no contempla esta posibilidad. Además, la instituciones públicas y Unelco coinciden en la necesidad de una tercera central eléctrica en la Isla, pero también admiten que será muy dificil que un municipio la llegue a aceptar. Tras la rueda de prensa, José Manuel de la Cruz respondió a este diario que los afectados tienen derecho a pedir indemnizaciones a la empresa por los posibles daños sufridos a consecuencia de la falta de fluido, que afectaron al tranvía metropolitano, los semáforos, comercios, oficinas y viviendas a lo largo de toda la Isla. El Gobierno canario debe ahora abrir un expediente y decidir si sanciona o no a la compañía eléctrica por este apagón.

(www.europapress.es, 04/02/2010)

El parqué madrileño se desplomaba un un 5,5% a las 16.30 horas, que situaba al Ibex 35 en el nivel de los 10.288 puntos, ante el miedo de los inversores por el rumbo de la economía española y las advertencias sobre el incremento del diferencial de su deuda respecto a alemana.

Las bolsas europeas también caían a esa misma hora, pero con descensos en el entorno del 2% tanto para París como para Londres y Francfort, mientras que Wall Street abrió con descensos del 1,2%.

Los valores más castigados son el de construcción y el financiero, pese a que Banco Santander presentó hoy unos sólidos resultados y aseguró que afronta el ejercicio con optimismo.

Agencias

Santa Cruz de Tenerife

Si bien el día de ayer fue muy complicado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la previsión meteorológica para hoy apunta a a que la meteorológica adversa continuará hasta el mediodía de hoy, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Canarias estará todo el día en alerta amarilla o naranja debido al riesgo de viento, lluvias, tormentas, y fenómenos costeros. Concretamente, en alerta naranja por lluvias permanecerán las siete islas y por viento en todo el Archipiélago excepto en la isla de Tenerife. Los fuertes vientos que se esperan en las cumbres de Gran Canaria y en las zonas de La Orotava y Vilaflor en Tenerife han obligado también a decretar la alerta naranja por este fenómeno, ya que se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

En Tenerife, La Palma y El Hierro, las precipitaciones que se esperan son de 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 120 litros por metro cuadrado en doce horas, y está previsto que la alerta naranja por la acumulación e intensidad de las lluvias concluya a las 06.00 horas en El Hierro y La Palma, y a las 12.00 horas en Tenerife. En Lanzarote y Fuerteventura, donde también se prevé que caigan 30 litros por metro cuadrado en una hora, la alerta naranja por lluvias concluirá a las 18.00 horas y en Gran Canaria a las 12.00 horas. Será el último zarpazo del temporal.

( La Opinión de Tenerife, 11/01/2010)

Un catedrático cree que se debe indemnizar a los propietarios de viviendas afectadas

NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La controversia surgida en torno a la figura urbanística de fuera de ordenación parece surgir de que se trata de uno de los términos menos estudiados de esta disciplina. Así al menos lo señala el catedrático de Construcción Arquitectónica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Padrón, quien indica que nos encontramos ante una figura con mil y una caras.

Por ello, el que también ejerció como viceconsejero de Medio Ambiente en el último ejecutivo regional presidido por Jerónimo Saavedra y como director de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital grancanaria cree que se hace imprescindible que los planes generales delimiten al máximo y caso por caso las consecuencias que tiene su aplicación en cada una de las viviendas.

Y es que fuera de ordenación abarca un número muy amplio de situaciones. Desde los inmuebles que van a ser expropiados para la construcción de una obra pública hasta la que se queda incluida en esta figura al incumplir alguna norma urbanística por nimia que sea. No obstante, Padrón no duda en que efectivamente sea como sea siempre se causa un daño "objetivo" al propietario que ve afectado su derecho a la propiedad y que muchas veces se plasma en que las propias entidades financieras se niegan a conceder hipotecas.

Préstamos. "Efectivamente, se produce una pérdida de valor patrimonial y se crea una evidente inseguridad jurídica por mucho que se asegure lo contrario", indica el catedrático. Lo ocurrido en Santa Cruz, donde no han trascendido casos de negativas de bancos a conceder préstamos, tal vez no se puede volver a repetir. Padrón considera que a partir de estos momentos lo más seguro es que a las entidades financieras no les van a pasar desapercibidos estos datos. Incluso, Padrón estima que la propia administración debe indemnizar a los propietarios, cuyas propiedades quedan bajo esta catalogación. En Las Palmas de Gran Canaria se optó por aplicar la figura de la edificación agotada, por ejemplo, en uno de los edificios de mayor altura de la capital.

Padrón considera que lo ocurrido en Santa Cruz podrá reproducirse a partir de ahora en otros muchos puntos del país, ya que ahora los ciudadanos empezarán a preocuparse por la situación de sus viviendas en el planeamiento, lo que hasta ahora no había ocurrido, seguramente porque nadie sospechaba que de un día para otro su vivienda quedase bajo esta catalogación.

Y es que el problema de fuera de ordenación se repite ya en prácticamente todos los puntos de la geografía nacional. El debate ha sido especialmente intenso en Marbella, donde el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), a punto de ser aprobado de forma inmediata, se tuvo que enfrentar a una bolsa de 18.000 viviendas fuera de ordenación. La mitad de las que se presuponen en Santa Cruz.

El esfuerzo de los redactores del planeamiento ha hecho que se haya dado solución a más del 90 por ciento de los casos. Se trataba de edificios construidos sobre zonas verdes, lo que había dado lugar a la imputación de varios y sucesivos alcaldes y concejales de Urbanismo. Estas viviendas ocupaban casi dos millones de metros cuadrados que se corresponden con las licencias ilegales que se dieron en aquel momento. La solución adoptada fue la cesión del suelo por parte de los promotores que se beneficiaron en su día de la situación de ilegalidad que campó por sus anchas en el Ayuntamiento. Alrededor de 250 empresarios se avinieron a negociar la legalización de cada una de las promociones.

El problema ha tenido también su enjundia en Bilbao, donde se han dado varios supuestos. El último y quizás más llamativo fue el de decenas de viviendas de cinco barrios que quedaron fuera de ordenación por la construcción de un gran puente. En ese caso los vecinos tampoco sabían nada de lo ocurrido hasta que se enteraron casi por casualidad y a partir de aquí hicieron valer sus derechos.

Pero poco que ver con lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife. De hecho, en la capital vasca se conocían las protestas llevadas a cabo aquí y sus motivos. Así lo indica el director del Planeamiento de Bilbao, Mauro Valdivieso, quien informa que en esta ciudad manejan cuatro supuestos de fuera de ordenación. Uno de ellos es precisamente por edificios que superan la altura permitida en el planeamiento. Dentro de los que se detectan en esta ciudad, no es el más grave. Aquí se ha optado también por permitir el máximo de obras y flexibilizar hasta el límite de lo imposible la legislación con el fin de afectar lo menos posible a los vecinos. Luego existe la figura de las edificaciones fuera de ordenación "expresa", quizás la más radical en cuanto se incluyen en esta categoría las edificaciones que van a ser demolidas para la construcción de obras públicas.

No es raro que sea la que más problemas ha traído. En este caso es cuando el supuesto de fuera de ordenación se aplica con más rigor. Sin embargo, la cifra de edificios afectados apenas alcanza la decena que son los que tendrán que ser demolidos para construir un puente que unirá Bilbao y Deusto. Valdivieso indica que en la capital vasca han intentado que la legislación urbanística sea lo más tolerante posible con los afectados por esta carga. Ocurrió también con los vecinos de otro barrio que tenían dificultades para acceder a sus viviendas situadas en plena ladera. En este caso, se ha apostado por la reubicación de los ciudadanos en lugares situados en el entorno con el fin de evitar el desarraigo social. La circunstancia más parecida a lo que ocurre en Tenerife es la fuera de ordenación diferida pero no se sabe tampoco a ciencia cierta cuantas edificaciones se incluyen en la misma. En el caso de Bilbao son una serie de edificios con una planta más de la permitida en los sucesivos planeamiento y que además fueron construidos con licencia. Tal cual como ocurre en SantaCruz.

Sin embargo, en la Gerencia de Urbanismo de Bilbao se subraya que hasta ahora no han tenido problemas con sus ocupantes ya que han optado, al igual que ocurrió en la capital tinerfeña gracias a la presión popular, por permitir al máximo las obras que se pueden ejecutar. El horizonte en el que se plantea que podrá tener alguna consecuencia será al final de la vida útil del inmueble.

En Bilbao han presentado problemas también determinadas unidades de ejecución situadas en áreas que anteriormente ocupaban las industrias y donde se han localizados núcleos urbanos sin orden alguno.

Pero el problema de fuera de ordenación se ha localizado también en Córdoba por edificios construidos en suelo rústico. O por ejemplo en la localidad madrileña de Alcobendas donde el Ayuntamiento se ha visto en la obligación de emitir una ordenanza específica para regular esta figura desgajada incluso de su propio Plan General. En este caso se estipula que los edificios fuera de ordenación serán todos aquellos erigidos antes la aprobación del vigente Plan General que resultan disconformes con el mismo en cuanto a las condiciones de edificación o el uso al que está destinados. En la ordenanza se distingue entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación o las parcialmente incompatibles. En todos estos casos se vuelven a poner sobre la mesa las mismas limitaciones para la ejecución de obras en todas sus variantes como ha ocurrido en otros puntos del territorio nacional. Lo que parece claro es que la figura de fuera de ordenación esconde en su interior numerosas caras y recovecos lo que ha dado lugar a que los afectados e inclusos estudiosos se enzarcen en mil y unas discusiones para determinar su alcance real y consecuencias. También parece meridianamente claro que Santa Cruz se ha convertido, casi sin quererlo en pionera a la hora de plantear los problemas que pueden tener los ciudadanos afectados por esta catalogación. Hasta ahora prácticamente nadie había reparado en la magnitud del problema que los propios redactores del planeamiento de Santa Cruz han llegado a calificar de "intenso".

Los miembros de la Plataforma surgida en Tenerife y cuyo movimiento parece haber trascendido ya los límites de la isla indican que se afecta tanto a los derechos sobre la propiedad futura como sobre la actual. No creen que sea necesario esperar treinta años para que los propietarios vean como sus viviendas se devalúan y reducen a escala liliputiense.

Desde junio del año 2008, fecha de la última Ley de Suelo promulgada en España, cada vecino tiene el derecho a intervenir de modo efectivo en la elaboración del correspondiente Plan General de Ordenación (PGO) de su ciudad, así como en la evaluación ambiental de sus impactos. Podrá hacerlo no sólo a través del hasta ahora método habitual de las alegaciones, sino también a través de observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas a las que se obliga al Ayuntamiento a dar respuesta de forma "razonada". Es más, en la legislación se apunta que en caso de detectar incumplimientos urbanísticos o medioambientales, cada ciudadano contará con garantías procesales y podrá ejercer ante un tribunal de lo contencioso-administrativo una acción pública y no solamente una acción particular. En virtud de todo ello, especialistas en derecho urbanístico consideran que la última ley del ejecutivo central supone un paso de gigante en la ordenación de las ciudades y territorios al reconocer por primera vez a los ciudadanos derechos que hasta ahora se hallaban indefinidos o dispersos en otras normas legales. Esta nueva legislación que es un texto refundido o definitivo que vio la luz en los meses del pasado verano garantiza el máximo de participación ciudadana en todo el proceso de elaboración de los planes generales y a la hora de ofrecer toda la información posible a los vecinos que así lo demanden. No parece claro si el PGO de Santa Cruz incluye estos extremos, por ejemplo se sabe que en el caso de Gijón, donde también se tramita su planeamiento, no se hizo.

( La Opinión de Tenerife, 03/01/2010)

La denuncia de las viviendas fuera de ordenación ha estallado justo en el momento en el que menos interesaba a la mayoría de gobierno

NOÉ RAMÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La aparición inusitada de un reguero de edificios fuera de ordenación a lo largo y ancho de la ciudad ha sido calificado ya por algunos como el mayor escándalo en la historia de Santa Cruz. Muy por encima incluso del de Las Teresitas. Desde que la noticia apareció en los medios de comunicación, hace alrededor de tres meses, los acontecimientos se han ido precipitando hasta llegar al próximo lunes, momento en el que el Plan General de Ordenación (PGO) se someterá de nuevo a votación, seguramente en medio de las protestas de los vecinos que ya en la primera ocasión llegaron a desbordar todas las previsiones.

El descubrimiento de la figura de fuera de ordenación tuvo su cita con los medios de comunicación cuando los vecinos de la urbanización La Florita observaron, casi por casualidad, durante el período de información pública que sus viviendas aparecían con menor altura de la real. Otro tanto ocurría con una torre situada justo enfrente conocida como Puerta de Tristán. Estos vecinos presentaron más de doscientas alegaciones al documento y enseguida se les respondió que se trataba de un error material fácilmente subsanable.

Desde un principio, las sospechas se dirigieron a la prevista construcción de un gran edificio de quince plantas situado justo enfrente, sobre la antigua fábrica de Celgán. A partir de aquí, la Plataforma encabezada por Felipe Campos - que hasta entonces había dirigido las críticas hacia el planeamiento a aspectos puntuales, como la deficiente catalogación del Cine Víctor, la urbanización de Valle Tahodio y Costa Cardón o el previsto edificio en el colegio Hispano-Inglés - empezó a descubrir un reguero de edificios fuera de ordenación a lo largo y ancho del municipio.

Por ejemplo, toda la manzana situada detrás de la sede de Emmasa, más de la mitad del barrio de El Toscal y otro tanto de La Salud. Pero es que, se mirara por donde se mirara, aparecía como una constante matemática que casi un tercio de las edificaciones estaban fuera de ordenación. Cuando las denuncias iban trascendiendo, el Ayuntamiento las iba reconociendo. Así, se pasó de los primeros casos puntuales a admitir que el planeamiento del año 1992 había optado por dar esta solución a la ciudad, aunque no se dieron muchas más explicaciones. Primero se habló de un plan de alturas que databa de aquella época y, finalmente, se reconoció que en realidad se había tenido que adoptar esta fórmula ante la imposibilidad legal de asumir la tremenda edificabilidad permitida hasta, al menos, el año 92.
Trascendió de esta manera que la corporación había venido dando licencias en contra de sus propias normas y al final, los redactores del primer PGO tuvieron que enfrentarse a unos hechos consumados. Al parecer, la solución menos mala que se tomó fue la de no dar ningún tipo de publicidad a este hecho, esperando entonces, tal y como se espera ahora, que un súbito cambio legislativo acabe por resolver el desaguisado.

El escándalo explotó justo en el momento que era menos apropiado para el Ayuntamiento. Cuando se estaba a punto de aprobar un PGO que lleva más de siete años tramitándose y en el que hasta ahora los sobresaltos habían sido los esperados y los retrasos más de los previstos. La concejal de Urbanismo, Luz Reverón, y su equipo no supieron reaccionar. Fue saliendo al paso como pudo en una sonora soledad, aún más evidente por la ausencia del alcalde, Miguel Zerolo, de la Isla por cuestiones personales. Los redactores del planeamiento, Tabares de Nava&Palerm y Senante se negaban a dar explicaciones públicas apelando a su trayectoria profesional.

Rueda. La propia concejal tuvo que pedir consejo a los periodistas para que le asesoraran qué hacer. "Convoca una rueda de prensa", le dijeron. La comparecencia se llevó a cabo en medio de una enorme expectación, como no se había visto nunca en la Gerencia, pero en vez de reconocer lo que ocurría y tratar de explicar las afecciones que produce estar fuera de ordenación, se optó por negar la mayor. Estuvo acompañada esta vez por el portavoz de Coalición Canaria (CC), José Alberto Díaz Estébanez, que no dijo ni "mu" y por el gerente, Eduardo Risueño, que unos días antes había asegurado que los edificios fuera de ordenación se revalorizan.

La rueda de prensa, en vez de calmar los ánimos, lo que hizo fue indignar más aún a una población afectada que, como si del milagro de los panes y los peces se tratara, se multiplicaba por generación espontánea en la Casa Sindical. Era raro el día que no se llegaban a concentrar en aquel lugar cerca de trescientas personas ansiosas por conocer qué ocurría con sus viviendas.

Y en estas llegó el alcalde. Miguel Zerolo puede estar normalmente dominado por una inmutable abulia, pero no duda en reaccionar cada vez que se siente atacado. Lo que cada vez suele ocurrirle con mayor frecuencia. La primera vez que da la cara es durante un pleno en el que se debatía la petición para que se elaborara un catálogo con el número de viviendas fuera de ordenación. Ya en aquel entonces se montó una buena a las puertas del Ayuntamiento hasta el punto que las fuerzas de seguridad tuvieron que cerrarlas. Y Zerolo cogió el fusil. A partir de aquí, viendo la gravedad de la situación, el alcalde intentó emular sus buenas épocas en las que, cargado con su ingenio, hacía y deshacía a su capricho por la ciudad. Pero los tiempos han cambiado. El pasado martes el espectáculo que se vivió a las puertas del Ayuntamiento era inimaginable para sus dirigentes municipales.

Durante los días anteriores al pleno, cerca de las mesas en las que la Plataforma trataba de informar a los vecinos, aparecían personas repartiendo octavillas en las que animaban a la ciudadanía a apoyar el Plan General por las ventajas sin fin que podría aportar a la ciudad. Una de ellas era fácilmente reconocible, se trataba del mismísimo Mateo López, asesor del alcalde. Desde la propia Gerencia de Urbanismo, además, se había estado tratando de movilizar a todas las asociaciones de vecinos afines e, incluso, días antes, se había emitido un comunicado de apoyo al plan bastante extraño, firmado, entre otros variados colectivos, por murgas infantiles y asociaciones de colombofilia.

Así las cosas, desde primeras horas del martes, en la calle habían empezado a congregarse cientos de personas a las que la Plataforma en contra del PGO había logrado convocar pese al mutismo que, según denunciaban, mantenían la mayor parte de los medios de comunicación. Junto a ellos, un puñado de personas que - portando pancartas en apoyo del planeamiento y asegurando que Felipe Campos mentía - pretendían contrarrestar con escaso éxito a la muchísimo más numerosa marea de representantes del sector crítico.
El pleno tuvo que ser suspendido ante un aviso de bomba que venía bien a las dos partes. Al alcalde le ahorraba el bochorno de ver cómo los tribunales anulaban una convocatoria mal hecha, aprisa y corriendo, sin haber dado la documentación a la oposición. Y a los vecinos les servía como consuelo para que se retrasara, aunque sólo fuera un poco más, la aprobación del documento.Y es aquí cuando ocurrió el momento mágico. El alcalde se sintió atacado y decidió salir de su sopor.

Discurso. A partir de este momento, empieza a dar entrevistas en los medios de comunicación más proclives. En todos ellos repite un discurso sentimentaloide con referencias incluso navideñas: "La Plataforma les ha amargado estas fiestas a los vecinos". El alcalde basa su discurso en que las viviendas tienen esta catalogación desde el año 1992 y nunca ha pasado nada. También asegura el alcalde que la Plataforma engaña a los vecinos. Apela también a la mayoría silenciosa, refiriéndose seguramente al elevadísimo nivel de abstención que se registra en cada elección en la ciudad y que siempre les ha beneficiado.

La jugada a Zerolo no le salió bien. Justo cuando había iniciado esta campaña, le salió un molesto grano. El secretario de la corporación, Luis Prieto, trasladaba al informe sobre el PGO lo que ya había publicado previamente en un libro sobre Urbanismo. La catalogación de fuera de ordenación efectivamente tiene efectos negativos. Como en realidad ya se sabía desde el principio. Mil vueltas para llegar al mismo punto inicial.

Mientras esta discusión, como ocurre con casi todos los asuntos de enjundia de la ciudad, dejaba cicatrices en los partidos políticos. En Coalición lo que manda es el pavor. No se explican qué ha ocurrido con el que consideraban su pueblo para que les haya enseñado su cara menos agradable. En el PSC, el concejal Ramiro Cuende ha jugueteado con la deserción desde un primer momento. No esconde que está a favor del PGO y así lo ha dicho en ciertas ocasiones e incluso llegó a firmar un escrito que iba en este sentido suscrito por otros 26 profesionales, al que le seguiría después otro más firmado por el decano, Virgilio Gutiérrez y el presidente, Arsenio Pérez. En ambos casos se intentó colar los documentos como oficiales del Colegio pero finalmente, éste se acabó desmarcando.

En el caso del PP, lo que se comenta es que es la presidenta, Cristina Tavío, la que está a favor de que su portavoz, Ángel Llanos, pase por el mal trago de apoyar este documento. Aparentemente, Llanos, en principio, acarició la idea de humillar a Zerolo pero finalmente le llamaron a capítulo tanto su partido como los empresarios.

Problema de fondo. El problema de fondo tal vez se encuentre en que los planes generales se han convertido en una especie de diario en el que se recoge lo que ocurrió ayer, lo que pasa hoy y mañana ya se verá. No hay planificación ni en realidad nadie tiene ni idea que hacer con la ciudad. Los propios redactores admiten que están a la espera de que un súbito cambio legislativo les venga a resolver el embrollo en el que se encuentran.

Lo que va a ocurrir, incluso este mismo lunes, parece imprevisible. Por lo pronto, se está a la espera de saber si el grupo de gobierno acabará haciendo el catálogo para ver cuántas viviendas están en realidad afectadas. En principio, se ha lanzado la sutil amenaza de que para ello sería necesario entrar casa por casa de los vecinos. De cualquier forma, este enfrentamiento ha dado lugar a dos imágenes que pueden pasar a nuestra doméstica posteridad. La de unos vecinos a los que se les ha cerrado en sus narices las puertas del Ayuntamiento y la del concejal, Antonio Bello, enfrentándose a lo que calificó como "chusma" con el dedo en ristre. Huele a fin de régimen.

Restricciones vía Real Decreto

La Opinión
Las afecciones que sufren las viviendas que están sometidas al régimen de fuera de ordenación están recogidas en el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero.
Exactamente en su artículo once se indica que los bienes que no pueden ser admitidos en garantía para préstamos o créditos hipotecarios que se consideren elegibles de acuerdo con el artículo 3 por no representar un valor suficientemente estable y duradero son los siguientes: Los edificios e instalaciones situadas fuera de ordenación urbana y los terrenos sobre los que se hubieren autorizado obras de carácter provisional, en los términos fijados para uno u otro supuesto en la legislación sobre el suelo o urbanística aplicable, cuando tal circunstancia conste registralmente. En el artículo tres de este mismo Real Decreto que se refiere a los préstamos y créditos elegibles se apunta que se considerarán préstamos y créditos elegibles a efectos de servir de cobertura a las emisiones de bonos hipotecarios, de ser objeto de participaciones hipotecarias o de servir para el cálculo del límite de emisión de las cédulas hipotecarias, los préstamos y créditos hipotecarios concedidos por las entidades a que se refiere el artículo 2 que cumplan con los requisitos establecidos en este Capítulo. (se refiere a los bancos y cajas de ahorro). Por otro lado la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (modificada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo). Así en su Artículo 21 que se refiere a los Criterios generales para la valoración de inmuebles. se indica que la valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. Por lo tanto quedan en realidad pocas dudas sobre las afecciones que trae consigo la figura de fuera de ordenación. El propio colegio oficial de Tasadores ha sido claro al señalar que esta figura en ningún caso es beneficiosa a la hora de valorar las viviendas. En prácticamente todos los casos implica una pérdida de su valor. Los usuarios bancarios advierten también de fuertes restricciones para la concesión de hipotecas.